Por: Observatorio Atlantico

La empresa de servicios portuarios Montecon, que opera en las áreas públicas del puerto de Montevideo, es mayoritariamente propiedad de un gran conglomerado internacional naviero de origen chileno, controlado por la familia chileno-germana von Appen. Este diversificado grupo empresarial funciona en base a estructuras muy publicitadas, pero posee también una red de empresas ubicadas en el paraíso fiscal panameño, cuya finalidad no es aparente. 

Ese grupo von Appen presenta una compleja estructura con, principalmente, dos tipos de empresas: a) navieras y b) de servicios. El todo apunta a una integración tanto horizontal como vertical del negocio del transporte – principalmente marítimo – en las zonas donde opera. Lo que significa que los servicios que presta se extienden en profundidad a lo largo de la cadena de valor – propiedad de buques, control de instalaciones portuarias de distinto tipo, etc. – como en los servicios accesorios a estos procesos, como remolques marítimos, asistencia en puerto, abastecimientos y otras actividades de apoyo. Gran parte de su actividad se centra en ambas Américas, con importantes actividades en Europa y en otras latitudes. Las cabeceras se denominan “Ultramar”, de puertos y servicios portuarios, y “Ultranav”, que comprende a las empresas navieras.

La vocación internacional del Grupo no impide ver su origen chileno. Es en ese país que se concentra buena parte de la infraestructura que opera, localizándose también allí sus sedes ejecutivas. Se trata de las estructuras “públicas” del conglomerado. Aquellas empresas que publicitan su existencia y son fácilmente localizables en los medios de difusión como páginas web o informes anuales. 

Pero el hilo de la investigación ha llevado hacia un grupo muy importante de empresas incorporadas en los llamados paraísos fiscales – mayoritariamente Panamá - cuya existencia no es publicitada en ningún comunicado ni página web.

Con no poca sorpresa se vio que comenzaban a surgir vinculaciones personales con una cantidad muy grande de empresas “offshore”. Sociedades anónimas, la enorme mayoría de ellas incorporadas en Panamá en los últimos treinta años. Muchas disueltas y muchas otras operativas. Esto requería una mirada un poco inquisitiva. El público tiene derecho a saber con quién sus gobiernos están tratando. Dándoles concesiones, permitiéndoles usar los recursos de la nación para desarrollar sus actividades y de mil otras maneras necesarias para la operación de estas corporaciones.

Origen del conglomerado

El grupo empresarial se origina hacia fines de los años cincuenta del siglo pasado cuando Albert von Appen, - abuelo de los actuales directivos del conglomerado -, quién había llegado a Chile en 1937 representando a empresas navieras de su país, funda la primera empresa que fue la simiente del actual imperio. Durante la guerra von Appen desarrolló una importante actividad como agente y saboteador de la Alemania nazi en los entonces neutrales Chile y Argentina, por lo cual debe cumplir un período de prisión e internamiento en los EE.UU. De regreso a Chile en 1948, comienza el proceso que desemboca en la fundación de su primera empresa.  Actualmente la empresa está controlada por la tercera generación de sus descendientes. 

Estructura general

Como se ha indicado, el grupo von Appen tiene una compleja estructura presentando principalmente dos tipos de empresas: a) navieras y b) de servicios. 

La cabecera de puertos y servicios portuarios se denomina “Ultramar Ltda” (https://www.ultramar.cl/ ) y la de empresas navieras, Ultranav (https://www.ultranav.cl/ ). El “holding “Ultramar Ltda.” está, a su vez, controlado por Marítima Choshuenco Ltda.    

Ultramar: puertos y servicios en tierra

El área de servicios portuarios denominada Ultramar está presente en 16 países americanos. Tenía en 2021, 12.481 trabajadores – 9.337 de los cuales en filiales y 3.504 en empresas asociadas. 

Una de sus filiales, Neltume Ports ( Neltume | Empowering Trade (neltumeports.cl) es la sección de Ultramar que aglutina las terminales portuarias a lo largo de todo el continente. Tiene once filiales y doce empresas asociadas. De las cuales 19 son operaciones portuarias, ubicadas en cinco países – Chile, Argentina, Brasil, los Estados Unidos de América y Uruguay. A las que hay que sumar una docena de empresas asociadas. Existen, además, otras dos secciones: DAIS (Agencias y soluciones integrales) y Kaptan (Logistics partners).

Neltume Ports, de propiedad compartida entre Ultramar y la canadiense ATCO, controla varias operaciones en Uruguay, siendo Montecon la de más volumen – y la más conflictiva. 

Las navieras: Ultranav

Por otra parte, Ultranav opera y posee buques petroleros para el transporte de petróleo crudo, productos refinados, y químicos; buques graneleros de carga seca, buques multipropósito de carga seca y contenedores, así como buques especializados para el transporte de gases licuados y petroquímicos. Debido a esta amplia diversificación en diferentes segmentos, la compañía cambió su nombre a Naviera Ultranav para integrar de mejor manera sus diferentes negocios y subsidiarias.

Desde el 2012 Ultranav ofrece sus servicios a través de sus subsidiarias Ultratank (https://ultratank.com/ ) y Transmares de Chile (https://www.transmares.cl/en/transmares-us/ ), Ultrabulk (https://ultrabulk.com/ )y Ultragas https://ultragas.dk/ )de Dinamarca  , Antares Naviera (https://www.antaresnaviera.com/ ) en Argentina, Naviera Transoceánica (https://www.navitranso.com/ ) en Perú y Horizon de Estados Unidos. Ultranav controla actualmente una flota de cientos de buques – propios o arrendados -, a los que hay que sumar remolcadores y otros navíos auxiliares (https://www.ultranav.cl/content/fleet ).

La estructura “off shore”

Pero existe también, paralelamente y fuera de la vista del público, un conglomerado de sociedades anónimas extraterritoriales – “offshore” - , la enorme mayoría de ellas registradas en Panamá por responsables del grupo von Appen o por algunos de sus asociados. Controladas obviamente por el grupo principal y dirigidas, al menos nominalmente, por personas de confianza cuyos nombres se repiten una y otra vez. Unas 60 en actividad a fecha 03.09.22. Muchas más han sido creadas y luego disueltas durante los últimos cuarenta años. Y unas cuantas más en otros lugares de laxa fiscalidad  

Cabe entonces preguntarse por qué un gran grupo internacional invierten cantidades ingentes de recursos y precioso tiempo en el desarrollo y mantenimiento de estas complejas redes. Se trata de docenas de empresas que han visto la luz en los últimos cuarenta años.  La primera de ellas, incorporada en 1979.

Es necesario, no obstante establecer claramente una salvedad. El poseer una compañía “offshore” no es, en sí mismo, una acción ilegal. Todo depende del uso que se le dé. No obstante, tratándose de docenas de estas estructuras asociadas a un determinado conglomerado económico, se justifica la pregunta sobre su finalidad.

A lo largo de más de 40 años, los responsables de este conglomerado logístico y portuario han fundado, utilizado y disuelto una gran cantidad de estas estructuras. Localizadas en un país que, por sus bajas exigencias fiscales, el importante grado de secretismo que las instituciones bancarias garantizan a sus clientes y su remolona colaboración con otras áreas fiscales ha sido definido como un “paraíso fiscal”.

La utilidad de una empresa extraterritorial reposa en dos posibilidades que les abre la legislación de los países donde se registran: A) Separar la propiedad de las estructuras – empresas, fundaciones – de la identidad de sus propietarios. Lo que permite a éstos operar fuera de la atención de deudores, fiscos, agencias de investigación, etc. Fuera del foco de todos quienes tienen interés en saber lo que alguien posee. También sirven para ocultar fondos provenientes de actividades ilegales. Y B) Aprovechar la fiscalización particularmente ventajosa del “paraíso” donde se ha registrado la empresa. 

La opción “A” del secretismo se ha visto en los últimos años debilitada frente a los embates de distintos gobiernos y agencias internacionales, precipitados a su vez por denuncias como las de los “Panamá Papers”.  Lo cual no quiere decir que haya desaparecido totalmente, o que no intente ser restablecida en otras geografías. En ese sentido, legislación panameña más reciente ha eliminado algunos instrumentos de anonimato – como que la propiedad de las empresas se probase mediante la simple presentación de acciones al portador, por ejemplo -, pero aparentemente otras vías no han sido cegadas totalmente. La opción de una fiscalización “blanda” o nula si la actividad de la compañía tiene lugar fuera de fronteras permanece. 

Como se ha indicado, el Grupo von Appen y/o sus allegados han registrado, en las últimas décadas, docenas de empresas aun activas en Panamá. Y docenas más que han sido disueltas con el paso del tiempo. Casi todas usando los servicios del despacho de abogados panameño Arosemena, Noriega & Contreras. Los nombres de los miembros de los directorios están publicados y allí aparecen y reaparecen siempre un determinado núcleo de personas. Comenzando por los dos responsables máximos del Grupo en la actualidad, los primos Richard von Appen Lahres y Dag von Appen Burose. Acompañados siempre por personas que seguramente gozan de su confianza: familiares, colaboradores estrechos – miembros de directorios y ejecutivos de las empresas “visibles”, asociados.

¿Serán las posibilidades que esto ofrece de disminuir los pagos de impuestos, unido a la laxa normativa de navegación y buques ofrecida por Panamá – banderas de conveniencia –, el motivo para todo este despliegue? En este caso, se trataría simplemente, de bajar las obligaciones fiscales.  Pero la opacidad de todo este asunto no permite extraer conclusiones. Los empresarios deben una explicación a la opinión pública. 

Es entonces de importancia que los gobiernos de los países donde este grupo empresarial actúa se interesen vivamente por lo que ocurre más allá de las fronteras. Es necesario que las autoridades exijan a este conglomerado que se expresen sobre la forma de operar y la finalidad de estas estructuras creadas por sus máximos responsables. 

Todos estos operadores se benefician de considerables concesiones estatales, sin las cuales no podrían funcionar. Si efectivamente los pagos de impuestos de un operador que se beneficia de concesiones estatales se ven afectados de forma significativa por este tipo de prácticas “off – shore”, es algo que no puede quedar fuera de la vista de las sociedades potencialmente afectadas. No olvidar que cada dólar que no se pague al fisco, es un dólar que luego faltará en educación, en salud, o en las mismas infraestructuras públicas que estas empresas posteriormente utilizan.  Las empresas del grupo von Appen deben brindar explicaciones.

Mucho más teniendo en cuenta que Montecon, la principal “cabeza de playa” del grupo en Uruguay, se ve envuelta una y otra vez en ruidosas controversias y denuncias nacionales e internacionales, con enormes perjuicios potenciales y derivaciones políticas para todo el país.