El Tribunal Oral Federal N°2 de Argentina, integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, leyó en la tarde de este martes el veredicto por la causa “Vialidad” en la cual se encontró culpable a la vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, de cometer actos fraudulentos en perjuicio de la administración pública.

Primero que todo, el tribunal decidió no hacer lugar a los planteos de nulidad introducidos por las defensas de Cristina Kirchner y los demás imputados.

Luego, se anunció que se condenó a Lázaro Báez a seis años de prisión, el pago de accesorias legales y las costas del proceso, por ser partícipe necesario en el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado argentino. Mauricio Colladera fue condenado a 4 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarlo autor responsable por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Respecto a Cristina Kirchner, fue condenada a seis años de prisión y se le inhabilitó de forma perpetua para ejercer cargos públicos.

Los incluidos en esta causa son: el exministro de Planificación Federal de la Nación, Julio De Vido (absuelto); el exsecretario de Obras Públicas de la Nación, José López; el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) Nelson Periotti; los ex-responsables de la DNV en Santa Cruz, Mauricio Collareda y Raúl Daruich; los extitulares de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, José Santibáñez y Héctor Garro; el ex subsecretario de Obras Públicas de la Nación, Abel Fatala; y el exsecretario de Coordinación de la Obra Pública, Carlos Kirchner (absuelto), primo del expresidente fallecido.

Fernánde dijo que la condena estaba “escrita”, regresando a sus repetidas aseveraciones de que hay una suerte de lawfare en su contra.

Qué es la causa “vialidad”

En 2013, en el programa “Periodismo para Todos”, conducido por el periodista argentino Jorge Lanata, la entonces dirigente de la Coalición Cívica de Santa Cruz, Mariana Zuvic, presentó una denuncia por supuesta asociación ilícita contra Daniel Peralta, quien por entonces era gobernador de dicha provincia, pero también contra funcionarios provinciales y los empresarios Lázaro, Martín y Leandro Báez.

En aquella denuncia, radicada en la Justicia federal de Santa Cruz, se incluyeron todo tipo de obras públicas, no solo las viales.

De acuerdo al sitio web argentino Chequeado.com, que revisa y constata fake news, la causa inició en 2016 y se investigaba si el empresario Lázaro Báez había sido beneficiado con la adjudicación de 51 obras públicas viales con fondos nacionales en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. También se investigó si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos o no entregados.

¿Qué es el lawfare?

El lawfare se refiere a la estrategia de utilizar leyes, reglamentos y procesos legales para obtener una ventaja militar o política sobre un enemigo. En otras palabras, se trata de una forma de “guerra legal” en la que se emplean herramientas jurídicas en lugar de armas físicas para lograr un objetivo político o militar.

El lawfare puede ser usado de diversas formas, como presentando cargos legales falsos contra un líder político enemigo para desacreditarlo, utilizando leyes de derechos humanos para bloquear el acceso a zonas militares enemigas, o interponiendo demandas legales para bloquear la adopción de medidas políticas hostiles.

En resumen, el lawfare es una táctica que se emplea para aprovechar las debilidades del enemigo en el ámbito legal en lugar de en el campo de batalla. Aunque se considera una forma de guerra no convencional, puede ser altamente efectiva si se usa de manera estratégica y sesgada.

Sobre esto, Kirchner no tiene ni ha presentado pruebas al respecto, y se ha limitado a esgrimirlo como parte de su estrategia mediática y política, al margen de lo jurídico.