La Justicia argentina exhortó al Ministerio de Seguridad que se “abstenga” de llevar a cabo filmaciones o requisas sin orden judicial durante la huelga general convocada por la Confederación General de Trabajo (CGT) para este miércoles.

“Exhortando a las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación que se abstenga de expedir órdenes a las fuerzas de seguridad que impliquen, el miércoles 24 de enero, filmar y/o interceptar a personas en la vi?a pública con el fin de identificarlas y/o requisarlas sin orden judicial previa”, indicó el juez federal, Ernesto Kreplack en una resolución judicial.

El magistrado dio lugar a un habeas corpus presentado por un grupo de militantes, que aseguraron haber sido “víctimas de filmaciones y requisas” sin órdenes judiciales durante las movilizaciones del 20 y 23 de diciembre pasado.

La medida hace hincapié para manifestantes “a bordo de transportes públicos o en los accesos a las unidades de trenes”, que usen para trasladarse desde la provincia de Buenos Aires hasta la capital del país.

La huelga de la CGT, principal gremio del país, es la primera movilización general desde 2019, que cuenta con apoyo de organizaciones sociales y políticas de Argentina, y el primero que deberá afrontar el Gobierno de Javier Milei.

La protesta se centrará en el Parlamento contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU), puesto en vigor el 29 de diciembre para desregular la economía y el proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, todavía en trámite legislativo.

Más conocida como la ‘ley ómnibus’, que busca dar facultades legislativas al Ejecutivo por un año, con prórroga hasta dos más.

Para evitar posibles enfrentamientos debido al protocolo antipiquetes, los líderes sindicales acordaron las calles a utilizar durante la movilización con las autoridades, así como rutas de circulación preestablecidas para los vehículos de emergencia.

Por su parte, el juez solicitó que en caso de que las fuerzas de seguridad lleven adelante acciones sin orden judicial, deberán labrar un acta de cada procedimiento que lo justifique y para ser controlada por la Justicia luego.

“Las irregularidades se verían aún más agravadas si la intervención policial que incluya requisas no se plasmara en las actas pertinentes para su posterior control jurisdiccional”, remarcó Kreplak.