La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, planteó cambios en la legítima defensa y el endurecimiento de penas para quienes participen en piquetes dentro de su intervención en el plenario de comisiones que analiza en el Congreso la denominada ‘ley ómnibus’, proyecto estrella del Gobierno de Javier Milei.

Se trata de un endurecimiento de las penas, que incluirán prisión, tanto para manifestantes como para organizadores de piquetes; además, se requerirá que las protestas se notifiquen con 48 horas de anterioridad al Ministerio de Seguridad, que podrá oponerse a la celebración de la manifestación o modificar el día y lugar.

La ministra dio a conocer que entre 2009 y 2023 hubo 85.200 piquetes, que implicaron «una pérdida de comercios, de horas de trabajo, de llegar al lugar de trabajo y una discriminación por dónde vive la gente», en alusión a que ciertos accesos a Buenos Aires sufren más cortes que otros.

Algunas de estas medidas estaban incluidas en el protocolo ‘antipiquetes’ que presentó la ministra poco después de que asumiera el actual Gobierno, el 10 de diciembre, que estableció que las protestas solo podrán llevarse a cabo sobre las veredas (aceras) y permitió que las fuerzas de seguridad aplicadas al operativo puedan portar armas de fuego.

Además, incluyó multas a los organizadores y manifestantes, que deberán correr con los gastos de los operativos de seguridad.

Por otro lado, Bullrich indicó que buscarán modificar el concepto de la legítima defensa, en particular con la interpretación del uso de las fuerzas para repeler un delito a favor de la persona que va a impedir «la muerte de una persona o el ataque hacia él o terceros».

«El Estado le da el monopolio de las fuerzas a los miembros de la seguridad del país, y cuando debe utilizar su arma de fuego, si el delincuente posee una réplica, se termina considerando que no hay proporcionalidad en el uso de la fuerza para el policía», explicó.

Otra de las modificaciones tiene que ver con los posibles enfrentamientos una vez que el delincuente huya de la escena del crimen. La titular de Seguridad afirmó que si un agente repele un ataque mientras el agresor huye continuará bajo la órbita de legítima defensa.

«Hay infinidad de casos, donde robos en moto, al huir de la escena, disparan hacia atrás, y si el agente repele ese ataque sufre las consecuencias», agregó.

En el apartado de Seguridad y Defensa, del proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos que recopila 664 artículos, se incluye la prohibición de que personas acusadas de un delito puedan formar parte de querellas durante los procesos judiciales.

«Actualmente, el delincuente que produce un hecho y viola la ley puede generar una situación de enfrentamiento con un miembro de las fuerzas de seguridad o con quien sea, y luego el que provocó el daño puede presentarse y pedir un resarcimiento», ejemplificó Bullrich.

Fuente: EFE.