Los abogados Juan Raúl Williman y Soledad Suárez, que representaron a las víctimas que denunciaron al senador (suspendido) Gustavo Penadés, imputado y enviado a prisión por 22 delitos sexuales cometidos contra menores de edad, señalaron que el acusado utilizó “el aparato del Estado” y a “ciertos funcionarios” para intentar crear “una teoría del caso alternativa” en su beneficio.

“En un intento legítimo que tienen las defensas, se procuró llevarlo adelante utilizando el aparato del Estado, no entero, no todo el Estado, sino a ciertos funcionarios, en ciertos organismos, lo que determinó la gravedad de la situación. Son varios sujetos que están involucrados en varios organismos”, dijo en rueda de prensa la abogada Soledad Suárez, del estudio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

La protección de las víctimas

Suárez dijo que esta maniobra se vinculó con la identidad de las víctimas, que había sido mantenida en reserva durante toda la investigación a pedido de la fiscal del caso Alicia Ghione y por decisión de la Justicia. Esa “protección” a las víctimas fue lo que se intentó “derribar”, dijo Suárez.

“Hubo una articulación que involucraba a ciertos funcionarios del Estado destinada a derribar la única protección con la que contábamos. Ahora contamos, dados estos sucesos, con la protección más fuerte, están donde tienen que estar”, dijo la abogada, en referencia a la prisión preventiva de Penadés dispuesta por la Justicia en la audiencia del martes.

“Está vigente el Estado de derecho, porque es el propio Estado el que encuentra sus mecanismos para impedir estos actos que podríamos tildar de indebidos o actitudes de corrupción”, apuntó Suárez.

“Se refiere a la capacidad de utilizar determinados beneficios que una personal normal no tiene para ir generando una contrainvestigación paralela, que no es la oficial, intentando construir una teoría del caso alternativa”, agregó el abogado Williman, también del estudio jurídico de la Universidad, que representó a las víctimas en el caso.