El ministerio del Interior apelará este miércoles la decisión de la jueza María Elena Mainard, quien hizo lugar a un habeas corpus presentado por la defensa del recluso Ricardo Damián Cáceres, más conocido por “Ricardito”, que le permite abandonar el régimen de máxima seguridad para pasar a otra dependencia en la que tenga acceso a estudio y trabajo.

En conferencia de prensa, Luis Alberto Heber, manifestó: “La jueza lo saca de la máxima seguridad, del aislamiento. ¿Para qué? Para que vuelva a delinquir. ¿O alguien cree que va a hacer un curso de carpintero”, cuestionó haciendo referencia a las características del delincuente, señalado como quien dirigía su organización criminal desde la cárcel y ordenó varias mutilaciones y asesinatos.

“No entendemos esta situación. Nos nos ayuda en el combate al narcotráfico”, expresó. “Muchas veces nos sentimos solos peleando contra una organización muy poderosa. Por suerte tenemos buenos fiscales que realmente trabajan muy bien”.

Por otra parte, se refirió a la prisión domiciliaria que la misma magistrada impuso a otro narcotraficante, Juan Antonio González Bica, quien fugó de su domicilio tras contar la tobillera electrónica y hoy se encuentra con paradero desconocido.

Heber cuestionó que la magistrada aceptara documentación sin firmas ni sellos que aseguraban que el delincuente padecía una condición sanitaria que le impediría soportar la reclusión, elementos que fueron confirmados como apócrifos y determinaron la formalización de tres profesionales abogados y médicos por falsificación y estafa procesal.

“En todos los casos debería haber pedido la historia clínica”, señaló el ministro.

Heber dijo, además, que actualmente hay 2500 privados de libertad en condiciones de hacinamiento y que se prevé que en este período se alcance a las 3901 plazas creadas con lo que se resolvería este problema.

Heber compareció este miércoles ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, que analiza la Rendición de Cuentas, donde planteó que su cartera alcanzó un récord de ejecución presupuestal, alcanzando el 92% de los créditos otorgados en el ejercicio 2022.

También reiteró la importancia de dos iniciativas promovidas desde su secretaría de Estado; una en relación a la figura de Decomiso Ampliado, una iniciativa que ya cuenta con media sanción de Diputados y propone extender la incautación de bienes de narcotraficantes a todo su patrimonio y no únicamente, como es ahora, a elementos decomisados en el marco de los operativos puntuales.

El otro proyecto, que no fue aprobado en la cámara baja, refiere a la extensión de penas para los responsables de homicidio intencional, que actualmente tiene una pena mínima de dos años lo que, a entender del ministro, no guarda relación con la mínima de otros delitos de carácter más leve, como la rapiña, que tiene un piso de cuatro años de penitenciaría.