El sindicato bancario AEBU advirtió al Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT que la propuesta de un plebiscito sobre jubilaciones para votar en 2024 “afecta la equidad y justicia en diversas prestaciones”, que “incrementa el déficit de todo el sistema” y que expone al país a “eventuales juicios contra el Estado de cuantía incalculable”. El gremio alerta sobre el impacto que puede generar “la confiscación de los ahorros, que pertenecen a los afiliados al BPS”.

“Las condiciones que promueve (el plebiscito), ponen en manos de futuros gobiernos estímulos importantes para deteriorar las condiciones salariales de los trabajadores, imponer condiciones jubilatorias peores para importantes sectores de jubilados y justificará nuevas cargas impositivas regresivas”, dice el documento presentado este martes por los dirigentes del gremio bancario.

AEBU alerta que la reforma constitucional lleva “implícita la confiscación de los ahorros, que pertenecen a los afiliados al BPS” que “son titulares de las cuentas individuales” y a los trabajadores que se afilien al sistema en los próximos meses. El gremio advierte que no está prevista una compensación a los trabajadores por esa confiscación de ahorros que se propone en el plebiscito.

El informe, al que accedió Subrayado, será enviado a los 48 gremios que integran la Mesa Representativa Ampliada del PIT-CNT que el jueves deberá pronunciarse por la iniciativa de varios sindicatos para juntar firmas que permitan plebiscitar la enmienda constitucional promovida.

El gremio de trabajadores bancarios afirma que “el proyecto presentado se aparta de los acuerdos internos del movimiento sindical expresados en el Congreso del PIT-CNT” y que para su impulso no se trabajó en “diálogo con actores sociales y políticos” para buscar “un amplio consenso” por lo que esta decisión de junta de firmas “genera aislamiento del movimiento sindical, contradictoria con la orientación fundamental definida” en el marco “del Congreso del Pueblo”.

El documento de AEBU dice que el plebiscito “se promueve sin análisis de los impactos sobre los recursos del Estado, la viabilidad de la expansión de otras políticas sociales como la salud, la educación o la vivienda e incluso otras ramas de la seguridad social, los efectos sobre los trabajadores y jubilados, los niveles de injusticias que genera” y que tampoco contempla “cómo podría generar deterioro de otros aspectos de la realidad económica y laboral”.

Dice el gremio bancario que “el proyecto presentado de reforma, incluye una serie de incertidumbres, impactos sobre derechos fundamentales, disuelve organizaciones privadas, incorpora limitaciones a la protección social de algunos sectores, genera beneficios no apegados a principios de justicia, incrementa el déficit del sistema y la caja policial y militar, y podría generar juicios contra el Estado de cuantía incalculable”.

Agrega que “restringe las posibilidades de la sociedad civil y las organizaciones de trabajadores de generar sistemas de ahorro voluntario previsional” y que con cambios en “la pensión a la vejez” determina “carácter discriminatorio hacia los inmigrantes”.