El sindicato de controladores aéreos resolvió en la pasada madrugada acatar el decreto de esencialidad que emitió el gobierno ante el anuncio de nuevas medidas sindicales que suspenderían el despegue de aeronaves en todos los aeropuertos del país durante cuatro horas por día, divididas en dos turnos.

El decreto de esencialidad fue emitido el martes a primera hora de la tarde por el ministro de Trabajo Pablo Mieres a pedido expreso del ministro de Defensa Javier García.

Ya en la noche del martes se reunió la asamblea del sindicato para analizar la situación y tomar una decisión acerca de acatar o no la esencialidad.

En un comunicado publicado tras la asamblea, el sindicato informa que decidió “acatar la resolución de esencialidad de los servicios de control de tránsito aéreo, suspendiendo las medidas de demoras en los despegues”.

“En ese sentido expresamos nuestro más enérgico rechazo a dicha resolución de esencialidad, por considerarla ilegal ya que en ningún momento las medidas sindicales adoptadas ponen en riesgo la vida, la salud o la seguridad de toda o parte de la población tal como lo presupone el espíritu de la aplicación de esencialidad por lo que exigimos su inmediata derogación. A su vez, de las resoluciones emitidas se desprende claramente la voluntad de prohibirnos el legítimo ejercicio del derecho de huelga, consagrado en el Art. 57 de la Constitución de la República”, dice el sindicato.

“Tenemos clara la responsabilidad que nuestra tarea conlleva para garantizar la seguridad operacional y la vida, ya que es una de la misiones fundamentales de nuestra profesión y es por eso que nuestras medidas sindicales siempre han contemplado y contemplaran garantizar la seguridad operacional”, agregan los controladores.

“Por otra parte, se promoverán todos los recursos legales disponibles ante la organismos competentes, solicitando la nulidad de las resoluciones promulgadas que declaran la esencialidad y vulneran derechos del colectivo de controladores de tránsito aéreo”, dice el comunicado.

El sindicato denuncia “el incumplimiento por parte del Ministerio de Defensa de los Convenios Colectivos vigentes, de las obligaciones legales que le corresponden en materia laboral y salarial, así como las condiciones de trabajo precarias e inseguras en las que se desarrolla nuestra actividad”.