La Organización de las Naciones Unidas publicó este jueves un informe sobre la crisis hídrica que atraviesa Uruguay, el aumento de la salinidad en el agua y su preocupación por los efectos en la salud de las personas. El organismo internacional tituló su artículo "Uruguay: El agua para consumo humano debe estar por encima de sus usos industriales".

La ONU apuntó a la administración del presidente Luis Lacalle Pou y señaló que "dada una considerable disminución en la calidad del agua, el gobierno del país sudamericano ha instado a la población a comprar embotellado el líquido vital. Un grupo de expertos en derechos humanos advierte que esa medida supone un riesgo de privatización de facto del agua para el consumo humano y recuerda que este uso está por encima de cualquier interés empresarial".

El informe continúa diciendo que "el 60% de la población de Uruguay enfrenta un problema con el agua potable, cuya calidad ha disminuido llegando a niveles alarmantes de salinidad en su composición. Los niños y adolescentes, las mujeres embarazadas y las personas que padecen enfermedades crónicas, al igual que otros grupos vulnerables, son los más afectados. Las autoridades sanitarias uruguayas han reconocido el riesgo y han pedido a la población que compre agua embotellada para beber".

Fuentes de Presidencia dijeron a medio nacional que, si bien la ONU reconoce los esfuerzos realizados por el gobierno para mitigar la crisis hídrica, espera que no se genere una privatización del agua de facto por no tener acceso al agua embotellada la mayoría de la población uruguaya. Este informe generó malestar en las autoridades de gobierno por lo que convocaron a una reunión en Torre Ejecutiva a uno de los integrantes del organismo internacional en nuestro país. Alberto Pacheco no brindó declaraciones a la prensa después de haber dialogado con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.

Fuentes de gobierno indicaron a medio nacional que durante el encuentro le transmitieron a Pacheco la molestia y que existen acciones concretas para atender a las poblaciones vulnerables por parte del Ministerio de Desarrollo Social, de Salud Pública y de la Intendencia de Montevideo, con asistencia de agua embotellada, además de apoyos económicos. Desde el gobierno entienden que el informe es incorrecto. El integrante de las Naciones Unidas entendió y aceptó el planteo de Uruguay y dijo que hubo una desconexión con la sede en Ginebra, Suiza, ya que la oficina uruguaya no fue consultada sobre las acciones que se llevan adelante.

El gobierno uruguayo emitió luego un comunicado en el que señala "inexactitudes" del informe "emitido por el Relator Especial de la ONU":