Los principales representantes del Gobierno y la oposición de Argentina recrudecieron este miércoles su disputa en torno a los disturbios de la provincia norteña de Jujuy, en donde desde el fin de semana se registran fuertes protestas por la aprobación de una polémica reforma de la Constitución provincial.

En una declaración institucional desde la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo nacional, el presidente del país, Alberto Fernández, instó al gobernador provincial, Gerardo Morales, a «cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos» para terminar con la «violencia estatal en Jujuy».

«Es inadmisible que la violencia estatal sea la respuesta de un gobierno a los reclamos legítimos y a las expresiones de sus comunidades. Negar el derecho a la protesta es cercenar las libertades constitucionales y maniatar nuestra vida democrática», aseveró el mandatario, mostrando las denuncias de varios organismos internacionales, entre ellos Human Rights Watch y Amnistía Internacional, por las protestas en Jujuy.

Asimismo, Fernández anunció que instruyó al Ministerio de Justicia para analizar y, eventualmente, promover «acciones de inconstitucionalidad» de los artículos de la reforma constitucional votada por el Parlamento regional que, en su opinión, «violan la Constitución nacional y los tratados internacionales».

«(Gerardo Morales), no utilice al pueblo jujeño como el banco de prueba de la represión y el saqueo que determinados sectores políticos pretenden llevar adelante», sentenció el jefe de Estado.

Morales, precandidato presidencial por la coalición opositora de Juntos por el Cambio, a la que también pertenece el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), aseguró, por su parte, que existe una «intervención directa» del Gobierno nacional en la promoción de los disturbios en Jujuy.

«Hay una situación de una extrema violencia, de los que han hecho de la violencia una forma de vida, y no lo vamos a permitir», subrayó Morales en declaraciones a Radio La Red, reiterando su defensa del accionar policial durante las protestas.

Marchas por Buenos Aires

En tanto, una manifestación integrada por sindicatos, organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales paralizó durante varias horas el centro de la ciudad de Buenos Aires, en rechazo a la «represión» vivida en la provincia de Jujuy y para exigir la liberación de los manifestantes detenidos.

La movilización partió desde el Obelisco hacia la Casa de Jujuy, ubicada en el barrio de Retiro, lo que obligó a detener el tránsito en la avenida 9 de julio, principal arteria de la ciudad.

«El gobernador jujeño ha establecido una Constitución que viola la Constitución nacional, que le quita a los pueblos originarios el derecho a sus tierras y el derecho a reclamar. Ambos derechos están estipulados en la Constitución nacional, y cuando reclamamos por esos derechos, reprime», indicó a EFE Eduardo López, docente y secretario adjunto de la CTA de los trabajadores.

Durante el transcurso de la protesta, que se solventó sin incidentes, Melany Huanca, indígena de origen aimara, insistió en que las manifestaciones continuarán «hasta que Jujuy pueda vivir en paz».

«Ellos no entienden más que hay que saquear los recursos sin ver el bienestar de los pueblos originarios», puntualizó Huanca a EFE, agregando que la reforma constitucional «solo le favorece a él (Gerardo Morales) y a sus negocios».

La reforma parcial de la Constitución jujeña, que estableció la prohibición de los cortes totales de calles y de carreteras, entre otros puntos, provocó fuertes disturbios desde el fin de semana en la capital provincial, con enfrentamientos entre algunos manifestantes y las fuerzas de seguridad.

Fuente: EFE