El Espacio Denuncias y Defensas —organización que tiene como objetivo eliminar la violencia institucional y promoción de acceso a la Justicia, integrado por Ni Todo Está Perdido (Nitep), el equipo de Trayectorias de la Universidad de la República (Udelar) y la Red de Abogados por los Derechos Humanos— emitió un comunicado manifestando preocupación por el incendio ocurrido la semana pasada en el Hotel Aramaya e informando que se encuentran haciendo acompañamiento a los familiares y amigos en este difícil momento que les toca atravesar.

El incendio causó la muerte de dos mujeres y generó lesiones graves en seis niños y niñas. Ante esto, los colectivos aseguran que hace tiempo desde el espacio vienen denunciando expresiones de violencia institucional presente en el sistema de refugios y hoteles del Ministerio de Desarrollo Social.

“A lo largo del tiempo hemos recibido una serie de denuncias relacionadas con malas y riesgosas condiciones de los inmuebles, falta de agua, hacinamiento, situaciones de abuso, mala praxis farmacológica, de prácticas de maltrato psicológico, no existiendo soluciones estructurales a la situación de calle ni la garantía efectiva de los derechos fundamentales, vulnerados sistemáticamente. Todas estas denuncias no atendidas, son similares a las que existieron respecto al Hotel Aramaya y que nunca fueron atendidas por las autoridades Ministeriales”, señala el comunicado, y agrega que en el corazón de la política social existe una “profunda discriminación” hacia quienes sufren la vulneración más extrema de sus derechos fundamentales en la sociedad.

“Estamos cansados de los pretextos esgrimidos por el MIDES, que responsabilizan a trabajadoras, trabajadores y a las cooperativas que administran los centros evadiendo la pregunta de fondo sobre la responsabilidad estatal en el diseño, seguimiento, evaluación, auditoría y contralor de dichos centros. Nos preocupa profundamente que a nivel público no se asuma responsabilidad y se siga ocultando y desestimando estas situaciones que impiden visibilizar situaciones de profunda marginación y estigmatización de las que nadie se encuentra exento de atravesar o peor, que esta indiferencia termine consolidando una cultura de impunidad. La aparición oportunista en prensa por parte de las autoridades no equivale a resolver situaciones como las denunciadas”, expresan.

En este sentido, se suman al reclamo de indemnización de la pareja e hijos de una de las mujeres fallecida, cuya hermana denunció irregularidades en el caso, dado que perdieron a su familiar debido a una “negligencia estatal”. Además, señalan que estas “omisiones” dan lugar a que numerosos niños se vean expuestos a “auténticos infiernos” debido a la ausencia de atención a este tipo de situaciones de vulnerabilidad.

“La dimensión del daño y el grado de responsabilidad estatal exige que la más alta jerarquía vinculada a las decisiones, que llevaron a tan lamentables hechos, renuncie a su cargo inmediatamente”, concluye el texto, haciendo referencia a la autoridad máxima del Mides, es decir, el ministro Martín Lema.

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