El domingo en Brasilia fue testigo de un violento levantamiento liderado por los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro. La capital se despertó el lunes con el control del orden público, pero con el rastro de destrucción en varias áreas del centro del poder, debido a los asaltos a las sedes de los tres poderes.

El interventor federal del Distrito Federal, Ricardo Capelli, se hizo cargo de la seguridad en la capital y declaró en un mensaje en las redes sociales que «la situación en Brasilia está bajo control.» Además, Capelli, quien es un alto funcionario del Ministerio de Justicia, fue asignado para liderar las fuerzas de seguridad de Brasilia después de que el presidente Lula da Silva ordenara una intervención federal en el Distrito Federal para hacer frente a los ataques a las instituciones.

La Policía detuvo a más de 1.500 personas relacionadas con el asalto y llevaron a varios de ellos a la sede de la Policía Federal para ser identificados y fichados. También se informó que el Ministerio de Justicia había identificado a los responsables de financiar el transporte de manifestantes a Brasilia desde diez estados diferentes, revelando que tenían una lista de empresarios que habían financiado el alquiler de autobuses para la manifestación.

El gobierno ha condenado enérgicamente los actos de violencia y ha pedido tranquilidad y respeto hacia las instituciones. Muchos analistas políticos ven este incidente como un intento de golpe de estado en el sentido de desestabilizar al gobierno y socavar la democracia en Brasil.