La Universidad Católica Argentina (UCA) informó que la pobreza afecta más a los chicos y adolescentes del conurbano bonaerense

Los datos son contundentes y no admiten lecturas sesgadas: en la última década los niveles de pobreza e indigencia aumentaron y la Argentina está sometida a una fractura social expuesta.

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Las cifras del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) marcan, además, que del 2021 al 2022 el panorama se agravó por la fragilidad de las condiciones macroeconómicas y en particular la alta inflación, aunque la asistencia del Estado impidió que el resultado fuera peor.

Al presentar los resultados de su informe sobre deudas sociales en la Argentina, el director del Observatorio, Agustín Salvia, indicó a un grupo de periodistas que todos los indicadores macro mostraron un retroceso desde el comienzo del segundo mandato de la presidenta Cristina Kirchner a fines del 2011: PBI, PBI per capita, creación de empleo registrado, poder adquisitivo y precarización del empleo, entre otros.

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Con un pico durante la pandemia, la situación comenzó a normalizarse en 2021 con la apertura de la economía, pero los datos del tercer trimestre de este año marcan un resultado desalentador.

Esta conclusión resulta similar, con matices, tanto para la pobreza por ingresos como la que se mide en términos multidimensionales.

La marea roja no le permitió escapar a casi nadie: hay un mayor porcentaje de población con trabajo formal que es pobre y hay más gente cubierta por planes sociales; este último dato, que el Gobierno reivindica como un logro, es en realidad la contracara del empeoramiento en las condiciones del mercado laboral, según se desprende de los datos de la UCA difundidos por Salvia. Las mediciones de la universidad fueron particularmente relevantes durante la intervención del Indec, cuando el organismo primero manipuló los datos de la encuesta permanente de hogares y luego directamente dejó de publicarlos mientras la presidenta y sus ministros decían que medir la pobreza era estigmatizante pero también que había menos pobres que en Alemania.

En el último año, la pobreza aumentó del 42,4 al 43,1 por ciento, pero la indigencia bajó levemente, del 9 al 8,1 por ciento por el aumento del gasto social.

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Sin la asistencia social del Estado, la indigencia sería del 19,6% y la pobreza del 50 por ciento, según los supuestos de la UCA.

Los datos, aclararon los investigadores de la UCA, resultan volátiles en el marco de una inflación que crece al 7% mensual y una canasta básica que aumentó más que los precios en el último año.

Si los números se observan con mayor perspectiva, el pesimismo es mayor, ya que en 2011 la pobreza era del 31,8% y la indigencia del 5,7 por ciento. En 2019, al final del gobierno de Mauricio Macri, estas tasas eran del 39,8 y el 8,4 por ciento, respectivamente; luego, con la pandemia y la larga cuarentena, subieron al 44,7 y 9,8 por ciento en 2020.

En términos de grupos etarios, la indigencia creció del 69,5 al 13,1 entre 2010 y 2022 entre los jóvenes de hasta 17 años y del 0,5 al 1,6 por ciento entre las personas de más de 60 años. En tanto, la pobreza pasó del 49,5% al 61,6% entre los más jóvenes y del 6,5% al 14,1% entre las personas mayores.

Salvia aclaró que se “la relación entre empleo y PBI se está volviendo regresiva y eso se compensa con transferencias sociales”. Además, advirtió que “hay una fuerte heterogeneidad al interior de los salarios: aumentó la desigualdad entre los asalariados”.

“Es mayor esta desigualdad que entre los promedios de los empleadores y el promedio de los trabajadores”, indicó.

El experto aclaró que “la indigencia se sostuvo por el aumento de los planes sociales, mientras que desde 2013 aumentó la pobreza en forma sistemática”.

Estos indicadores se registran mientras el gasto social aumentó en relación al PBI. “Esto impidió que se alcanzara un mayor aumento de la pobreza y la indigencia”, dijo Salvia.

Pero, al mismo tiempo, “hubo un aumento de la precarización del mercado laboral y salarios a la baja”.

La encuesta de la UCA muestra también que, a grandes rasgos, no variaron las carencias multidimensionales, mientras que la inseguridad alimentaria severa bajó del 8.2 al 7.9 entre el tercer trimestre del 2021 y el mismo período de este año. “Pese a una mayor inflación, por el aumento de los planes no subieron tanto la indigencia ni la pobreza”, afirmó Salvia.

A la vez, ha crecido “el porcentaje de población sin jubilación ni empleo formal”.

Al realizar un cruce de la pobreza por ingresos y multidimensional, se observa que el nivel llega al 39,2%, frente al 37,8% de 2021. “Solo 27,6% de la población no es pobre bajo ningún formato”, explicó.

Como contrapartida, “el 51,7% de la población tiene un programa social, sin contar las jubilaciones” y el “40% de los niños recibe ayuda alimentaria”.

“La pobreza multidimensional experimentó una dinámica ascendente a lo largo del período. De 2010 a 2017 se observa un escenario caracterizado tanto por niveles de pobreza por ingresos más bajos en términos relativos como por el descenso progresivo de carencias no monetarias. La crisis del 2018 da inicio a otra etapa signada por el deterioro de las condiciones de vida”, indicó la UCA. El conurbano bonaerense es el territorio que peores condiciones muestra en términos de pobreza multidimensional: pasó del 39,4 al 46,5 por ciento desde 2010.

El fuerte deterioro social se refleja en otros campos, precisó Salvia, ya que “la capacidad de ahorro viene descendiendo en forma sistemática desde 2011 y por supuesto los sectores marginales pierden más”; en paralelo, aumentó el malestar psicológico de la población. “Entre los nuevos pobres aumentaron más los casos de depresión por el empeoramiento en las condiciones de estabilidad”.

El derrape socioeconómico de la última década tuvo su correlato en el mercado laboral, informó Salvia, ya que el porcentaje de población con empleo pleno cayó del 45,1 al 40,7 por ciento desde 2011 y, aunque cayó el desempleo abierto, subió el subempleo. Además, el 17,1% de los trabajadores con empleo pleno son pobres.

“Es un problema estructural: no se crean buenos empleos”, indicó. Pese al temor de varios sindicatos, el final del régimen de doble indemnización no empeoró la situación de los empleados.

Del total de la población ocupada, el 16% está en el sector público, el 30% en empresas privadas y el 53,6% en microempresas o cuentapropistas; este último rubro saltó desde el 46,9 del 2011

En términos de remuneración, el promedio actual mensual está en $79.000, pero los empleados del sector público llegan a unos $111.000, los privados formales a $110.000, los informales a $ 62 mil y los de la economía social a 50.000 pesos, según este informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina que se presentará hoy a las 17.30 en un debate con la participación de Salvia, María Migliore, politóloga, ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires; Dante Sica, economista, ex ministro de Producción y Trabajo de la Nación y Emmanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía.

Resta conocer el dato del Indec de la pobreza del segundo semestre del 2022; en el primer semestre para el organismo oficial llegó al 36,5% y la indigencia al 8,8 por ciento. Sin embargo, más allá de los números, tal como lo describió la UCA, la raíz de esta brecha social es la ausencia de estabilidad macroeconómica y la persistencia de un “modelo fallido de desarrollo”.