El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) analiza suspender el 1 de agosto unas 11.000 asignaciones familiares a quienes no envíen a sus hijos a los centros educativos.

El ministro Martín Lema explicó que las familias deben cumplir con la obligación de enviar a sus hijos menores de edad a los centros de enseñanza.

«La señal no puede ser que es lo mismo ir que no ir a centros educativos con todo lo que eso juega. La decisión ya está, ahora se trabaja hasta el 1 de agosto en regularizar, lo que en esa fecha no estén son los que van a tener suspendida la prestación», indicó Lema.

«Estamos hablando de un universo de más de 320.000 que están cumpliendo y casi 11.000 que en una primera instancia no estarían cumpliendo. No podemos dar a través de ellos una señal a los más de 320.000 que no importa si se envía a los chiquilines a los centros educativos», agregó.