Los gobiernos de izquierda de la región latinoamericana se van alejando cada vez más del gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, que gobierna con mano de hierro e intransigencia con la crítica. El nivel de represión es tan profundo que su administración ha empezado a retirar la nacionalidad a políticos, pensadores, artistas y clérigos católicos que lo han criticado, dejándolos apátridas y buscando nacionalidad en otros países que ya se la ofrecieron.
Irónicamente, esos ofrecimientos de otorgar pasaportes a los opositores venezolanos han venido incluso de países gobernados ahora por la izquierda, como es el caso de Chile y Argentina. El Gobierno de Gabriel Boric ha emitido una orden esta semana para extender la oferta de nacionalidad y residencia chilena a los opositores nicaragüenses que han sido recientemente exiliados. En consonancia con esta acción, el gobierno argentino ha manifestado su disposición a conceder ciudadanía a todos los opositores nicaragüenses.
La Cancillería del país sudamericano ha informado en un comunicado que estos 317 disidentes fueron injustamente expulsados del país por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que para el continente se encamina hacia una dictadura. El gobierno chileno tomará los medios legales necesarios para ofrecerles la debida protección internacional que les permita residir en el país y obtener la nacionalidad chilena, de acuerdo con las normas constitucionales y legales que regulan este proceso.
En este sentido, la administración del izquierdista Boric ha enfatizado que la oferta estará disponible para aquellos que voluntariamente decidan tomarla.Esta medida busca brindar una oportunidad a aquellos ciudadanos que han sido víctimas de la persecución política en Nicaragua y que buscan un lugar seguro para vivir y desarrollar sus proyectos de vida.
En Costa Rica, el partido izquierdista Frente Amplio, otrora cercano al sandinismo histórico, se alejó definitivamente del gobierno Ortega-Murillo, que se ha inclinado hacia el ultraconservadurismo abrazándose a movimientos muy cercanos a la derecha ideológica, como es el caso de las iglesias evangélicas y otros sectores neopentecostales. De hecho, el diputado frenteamplista, Antonio Ortega, comparó al gobierno derechista del presidente costarricense Rodrigo Cháves con el de Ortega. El nicaragüense, dijo, se ha encargado de “despreciar y debilitar la división de Poderes, perseguir para callar a la prensa no alineada, pactar con la derecha neo pentecostal a cambio de puestos y políticas públicas”.
Antonio Ortega también entiende que el binomio Ortega-Murillo ha: reducido los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, rechazado los criterios técnicos en materia sanitaria (durante la pandemia), impulsado la infraestructura “colosal” de dudosa ejecución y financiamiento, y graves impactos sociales y ambientales, en alusión al controvertido Canal Seco Interoceánico que quieren construir para competir con Panamá.
Dentro del Frente Amplio uruguayo, hay diferencias internas. Si bien hay sectores como Fuerza Renovadora que califican al gobierno nicaragüense como un “régimen” con actitudes que “violan la dignidad humana”, también hay otras voces como la del Partido Comunista, que en el pasado defendió la “autodeterminación de los pueblos” para resolver sus problemas.
En respuesta a estos nuevos hechos, el intendente de Salto, Andrés Lima, miembro de la Liga Federal, fue claro al afirmar que “Nicaragua es una dictadura”. Tituló una columna escrita días atrás y la compartió entre los miembros de su sector y otras agrupaciones departamentales, a la que tuvo acceso El País.
“Las cosas deben ser llamadas por su nombre. Cuando vemos un régimen político que no respeta los derechos civiles y políticos de la ciudadanía, cuando vemos un Estado que es completamente controlado por un partido único que utiliza todo el aparato de las instituciones para perseguir, criminalizar y eliminar a cualquier tipo de oposición, solo podemos llamar a este régimen por su nombre: Dictadura”, afirmó el jefe departamental salteño.
Incluso, llamó a mantenerse “bien alejados de cualquier tipo de asociación con ellos”, tanto como país como fuerza política.
Existen opiniones encontradas respecto a si el presidente Daniel Ortega se ha alejado o no del ideario sandinista original. Algunos argumentan que, a lo largo de los años, Ortega ha cambiado su postura política y ha adoptado un enfoque más autoritario y conservador. También se le ha criticado por su manejo de la economía y su cercanía con sectores empresariales, cuasi neoliberales. Pero con estos últimos también se ha peleado en repetidas ocasiones.